SIBELCO Y SUS BUENAS PRÁCTICAS

Mina de Arcilla en Galve (Teruel)

Ivo-Aragón*, Mª José Izquierdo Borao*, Gonzalo Tena Gómez*, Olga Estrada Clavería*, Javier Oquedo*

¿Acuíferos, restauración de terrenos, impacto visual, proyectos honestos, respeto por el patrimonio, honradez con las personas… compromiso con el territorio? Hace pocas fechas pudimos leer en Diario de Teruel acerca de las buenas prácticas de Sibelco a la hora de realizar el seguimiento del patrimonio paleontológico de su explotación de Galve. Hay algo que decir al respecto. Y del resto, más todavía.

En la mina en cuestión, debido a la naturaleza del yacimiento, tiene que haber un control de los restos paleontológicos que aparecen. Es decir, que Sibelco está obligada a hacer aquello de lo que presume. Podemos afirmar que es una buena práctica en tanto en cuanto cumplir con la ley lo es. No hay más merito, aunque conociendo el historial de esta empresa, o su antecesora, WBB-Sibelco, es un avance. No obstante, todavía le queda mucho, no ya para presumir, sino para cumplir con el mínimo de las normativas que le conciernen. También es cierto que las administraciones y organismos públicos que velan por la gestión minera y medioambiental podrían ayudar a estos señores a mejorar.

Llama la atención un panel instalado en la mina en cuestión con el título “El yacimiento de arcillas de Galve: geología, minería y protección del patrimonio paleontológico”. La expresión protección del patrimonio es tan sugestiva como falaz en este caso. A los pies del lector se abre una vastedad de laderas destruidas, suelo erosionado e irrecuperable: ni cultivos, ni pasto; nada. Territorio muerto. Nada de eso tendría que ser así: tendría que estar restaurado. En 2008 el INAGA instó a la empresa a “reelaborar o presentar un nuevo Diagnóstico Ambiental” que contemplara “un nuevo plan de restauración” que incluyera “medidas preventivas y correctoras”. En él, entre otros puntos, se debían adecuar las medidas de restauración “a las nuevas técnicas existentes” concretando la situación de “las áreas alteradas, especialmente las escombreras sin restaurar” y establecer unos objetivos claros “tanto de la zona ya explotada como de la prevista explotar en el futuro”.

Hoy sabemos cuál es la realidad. ¿Exactamente de qué presume Sibelco? La respuesta que dan es la viva imagen del compromiso total de la multinacional con el territorio y sus gentes, algo así como: es que esa destrucción no la hicimos solo nosotros. Es cierto que la mina la abrió Arcillas Galve, cuando unas quince familias vivían de aquello, pero también que con esa contestación lo que Sibelco está diciendo es: compramos a Arcillas Galve el derecho a enriquecernos, pero no las responsabilidades medioambientales que conlleva (y de paso ya no vive casi de nadie de la mina en el pueblo). ¿Acaso tendrán que hacerse cargo de dichas responsabilidades los contribuyentes, que no son responsables de nada y no se benefician en nada, y que solo asumen las pérdidas del desastre ambiental?

La anterior pregunta nos lleva a otra, ¿para cuándo una restauración que cumpla al menos las exigencias del INAGA? Y en su contestación no cabe engañarse: no existen experiencias satisfactorias de restauraciones de canteras de arcilla en las tierras altas de Teruel, donde las condiciones ambientales son muy adversas. Le queda muchísimo trabajo a Sibelco en I+D+i para poder colocar un panel titulado “Minería sostenible y restauración ambiental”, porque un protocolo de restauración adecuado a la crudeza del entorno no se improvisa sobre un papel, sino que se genera tras años de pruebas sobre el terreno, algo que a la luz del desastre que puede verse en Galve, no existe. El día que eso ocurra lo aplaudiremos.

Entretanto, la pretendida imagen de Sibelco de protectora del patrimonio sabemos que solo es un barniz incapaz de cubrir sus vergüenzas, que también incluyen el subempleo y hacer trampas: esconder sondeos que demuestran que sus minas afectarían a acuíferos, obviar yacimientos arqueológicos o tergiversar cálculos para esquivar la aplicación de la normativa ambiental. Por supuesto, también saben jugar fuerte. Buena cuenta pueden dar de ello en Aguilar del Alfambra, donde resisten a la apertura de una mina de Sibelco desde 2008. Allí los propietarios de las parcelas recibieron llamadas de la empresa con una seria advertencia (¿amenaza?): si no les vendían sus tierras al precio que les ofrecían, se las expropiarían y no verían ni un euro. El simple gesto es feo, pero sin duda lo peor es que tal vez eso se pueda hacer (gracias a una ley del franquismo) si el recurso minero es petróleo, oro, cobre…, no arcilla, que la hay en todos lados. 

Y volvamos al principio, al seguimiento paleontológico en la mina de Sibelco de Galve. Sabemos que los restos aparecen con facilidad. Sin embargo, se mueven muchas toneladas. ¿Está todo el patrimonio —de los ciudadanos, riqueza nuestra— a salvo, controlado, qué se ha destruido por el camino? ¿Qué ha sucedido con el yacimiento de icnitas de San Cristóbal, del cual solo se conoce la copia de una pequeña parte? No se sabe. ¿Compensa el destrozo a cambio de extraer una materia tan abundante y barata como la arcilla, y cuyos beneficios, encima, vuelan de Teruel? ¿Se puede compatibilizar minería y patrimonio paleontológico cuando este es tan rico? Son cuestiones pertinentes en relación a la actividad de una multinacional que en 2009 sostuvo que en la minería aragonesa existía inseguridad jurídica para llevar a cabo la actividad empresarial. ¡Inseguridad jurídica!, cuando Sibelco no restaura teniendo que hacerlo. ¿Habrá que plegarse sin más a los intereses de Sibelco, a sus desastres, a sus prácticas incalificables, porque tienen a bien instalar un cartel birrioso como diciendo “veis como vale la pena”?

*Colectivo Sollavientos.