sábado, 13 de abril de 2024

UNA ALCALDESA Y UN ALCALDE ANTE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

 

                                   Foto: aragondesarrollorural.es

El 9 de febrero pasado tuvo lugar la primera sesión de la serie de comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la implantación de energías renovables de las Cortes de Aragón, cuya finalidad es aclarar irregularidades e incumplimientos.


El pasado 22 de marzo compareció, entre otros ponentes, Paula Delmás Biel, alcaldesa de Monforte de Moyuela, luciendo la camiseta del orgullo rural, y el 25 del mismo mes, Aitor Lozano Gascón, alcalde de La Zoma. Ambos mantienen sendas posturas sobre la cuestión dignas de ser conocidas.


Monforte de Moyuela es un pueblo de 40 habitantes (tuvo 745 en 1910) en la comarca del Jiloca, enclavado en el noroeste de Teruel tocando a Zaragoza, al pie de la Sierra de Oriche y a la orilla del río Nogueta, presidido por las ruinas de un castillo del s. XII. Paula Delmás, ganadera, que ha contribuido biológicamente al aumento de la población de Monforte, a la “que le toca hacer de todo y más”, acogida a las siglas del PP, preside el Ayuntamiento y ha enlazado la anterior legislatura con la presente. El Ayuntamiento acusa una falta de capacidad administrativa: no dispone de técnico municipal y solo 2 días a la semana cuenta con los servicios de una secretaria. El dinero recibido de Forestalia no resulta operativo, pues no cubre las necesidades reales: escuela, comunicaciones, médicos...


Paula, crítica rotunda de los poderes del Estado, antepone las personas al dinero y encabeza la posición de la gente de Monforte que en su mayoría, tras ser consultada, se opone a los grandes proyectos de energías renovables, “cuyo único beneficio es agarrarse a un clavo ardiendo vía impuestos de obras”. Cuatro centrales eólicas fraccionadas, proyectadas por Forestalia, que equivalen a dos mayores, afectan al término municipal junto a los de otros tres pueblos vecinos. De esta empresa sufrió presiones, por manifestar las amenazas de expropiación a sus convecinos, a los que aconsejó no firmar el alquiler de sus terrenos. Para defenderse el consistorio contrató los servicios de un abogada.


La alcaldesa pone en valor la calidad de vida en el medio rural y declara que los megaproyectos destruyen el empleo agrícola y promueven la despoblación, como demuestran estudios llevados a cabo. Manifiesta rotundamente la necesidad de una planificación previa a la implantación de la captación de las energías prestadas por el viento o por el sol. Y el modelo alternativo en que su pueblo mayoritariamente cree es el de la cooperativa energética, en este caso de captación solar (“energía de km 0”), que ya está puesto en práctica tras superar indecibles trabas burocráticas -Paula reivindica la simplificación de este proceso-, y aún a falta de la definitiva conexión a la red eléctrica, que se dilata exasperantemente en el tiempo. La comunidad energética de Monforte de Moyuela, junto a la de Luco de Jiloca, son las únicas existentes en Aragón.

 

                              Foto: heraldo.es
 

La Zoma es otro pueblo turolense, de 27 habitantes (221 en 1877) en la comarca de Cuencas Mineras. Está ubicado en una loma al pie de la Sierra de San Just. En junio emprende una romería hacia la ermita de San Bernabé. Su monte se vio afectado por el gran incendio de 2009. Aitor Lozano Gascón encadena tres legislaturas desde 2015, las dos primeras ligado a las siglas del PSOE y la actual a Teruel Existe, aunque no tiene problemas en declararse “antisistema” -en la dirección adecuada- en las Cortes de Aragón. El Ayuntamiento funciona en concejo abierto (todos los vecinos y vecinas “son concejales”). Actualmente La Zoma es uno delos 12 pueblos que constituyen la “Asociación Majalinos Renovables” (calificada como “fallida” por el alcalde de Ejulve, Ovidio Ortín) para gestionar los beneficios económicos que generen las 66 centrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas por Forestalia en Teruel.


A pesar de ello, el concejo también se opone a las centrales eólicas o fotovoltaicas que se están instalando en avalancha sin planificación existente en el entorno del término municipal y más allá. Aitor manifiesta en la comisión la existencia de amenazas de expropiación forzosa al vecindario de La Zoma y la percepción como amenazas sobre su persona por parte de algunas empresas y algunos políticos. El alcalde declara que las renovables que se están instalando no generarán empleo y que las promotoras solo persiguen sus intereses particulares; que no cree que esta manera de implantarlas sea el “progreso”, tal como le habían indicado sus dirigentes del PSOE.


Además Aitor Lozano considera que la materialización de proyectos previstos pone en jaque el proyecto efectuado de repoblación forestal sostenible en los montes contiguos, asesorado por la Universidad de Zaragoza: “Plantando Agua” (pinos carrasco y silvestre, quejigo, serbal y arce). El joven alcalde mantiene que los montes de utilidad pública la pierden si se dedican a instalar aerogeneradores de empresas privadas, y hace una defensa del Parque Cultural y Geoparque del Maestrazgo, seriamente dañado por las centrales instaladas y bajo la presión de más proyectos. Alude a la grave afección al Proyecto Life para la reintroducción del quebrantahuesos en las sierras del Maestrazgo. También a los acuíferos (“Aguas del Maestrazgo” da trabajo a 40 personas en Cañizar del Olivar).


En su comparecencia el alcalde expresó la soledad del vecindario ante esta situación conflictiva y abogó por que se tenga en cuenta la opinión de los científicos sobre cómo los grandes proyectos amenazan los recursos básicos y otros proyectos endógenos: Las Cortes de Aragón no están legislando adecuadamente sobre esta materia.


Ojalá proliferen alcaldes y alcaldesas como Paula y Aitor, con sus planteamientos y su temple.


Gonzalo Tena Gómez

Colectivo Sollavientos


 

 




sábado, 9 de marzo de 2024

JAVIER OQUENDO COMPARECE EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES EN ARAGÓN

Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y miembro del Colectivo Sollavientos, saca los colores al anterior y actual Gobierno de Aragón en la comisión de investigación en las Cortes de Aragón, sobre la implantación de las energías renovables y la nefasta actuación del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) en este proceso.

 






 

 

jueves, 29 de febrero de 2024

¿TRANSICIÓN JUSTA PARA ANDORRA Y SU ENTORNO?

 

Cuando se escribe de algo lo primero que hay que aclarar es de qué asunto vamos a tratar, pues hay palabras que se manosean tanto que acaban perdiendo el significado y expresan poco o nada. Es lo que sucede con los conocidos como «proyectos de transición justa» en el municipio de Andorra y el Bajo Aragón histórico.

Se puede decir que algo es justo cuando es equitativo, razonable y sujeto a derecho. Por eso, una transición energética podría denominarse «justa» si sus efectos positivos y negativos se repartieran entre todos los implicados de forma equitativa. En Andorra existía una producción de electricidad basada en el carbón que generaba una actividad y unas afecciones en el territorio. Este modelo se abandonó para transitar hacia uno basado en energías renovables que siguiera garantizando ciertas condiciones. Sin embargo, en el caso de los proyectos que se están desarrollando en Andorra, se sigue produciendo para otros con contraprestaciones económicas, pero también con fuertes afecciones por la desmesurada cantidad de proyectos.

El término «razonable» es el más difícil de concretar, pues lo que para unos es muy lógico, paraotros no tiene ningún sentido. Por ello es aconsejable evaluar a la luz de los hechos, y lo que los datos muestran es que para un territorio que podría abastecerse con unos 40 Mw, hablando de todo el Bajo Aragón histórico, se van a instalar más de 5.000 Mw con una ocupación de 4.000 ha de placas fotovoltaicas, más el impacto de unos 130 aerogeneradores, todo ello con sus correspondientes líneas de alta tensión. Tampoco es muy razonable producir hidrógeno mediante electrolisis, un proceso en el que se pierde hasta el 80% de la energía invertida y que requiere de grandes cantidades de agua que no hay y con la que previsiblemente va a competir el regadío (podemos apostar, ¿quién va a influir más, los agricultores o las eléctricas?). Tampoco parece muy atinado generarlo en Andorra para transportarlo hasta Sagunto, cuando se trata de un gas muy volátil y corrosivo y, por tanto, sus infraestructuras de transporte tienen un elevado coste y riesgos de seguridad. ¿No sería más sencillo producirlo próximo al lugar de consumo?

Faltaría abordar el aspecto de «sujeto a derecho», lo que traducido quiere decir que sea legal.Seguramente la legalidad la cumplirán en cuanto a las declaraciones y resoluciones ambientales, pues normalmente se hacen a la medida de las empresas. También será legal masacrar todas las especies de aves que vuelan por el entorno, pues la suposición de la Administración es, como dijo un consejero, que «aprenderán a esquivar los molinos». También será legal de cara a los habitantes del territorio, que, a cambio de unas rentas, se verán rodeados por infraestructuras industriales en lo que eran paisajes cargados de valor medioambiental y cultural. Será legal porque las leyes del sector eléctrico son tantas y tan variadas que siempre hay donde escoger. En caso contrario, se modifica y todo arreglado.

Que la Ley y la legalidad no tienen por qué ser justas se demuestra en el caso que estamos exponiendo. Si será preocupante que, una de las resoluciones dictadas recientemente sobre una central en el entorno de Andorra, afirmaba que «debido a las crecientes solicitudes de implantación de parques fotovoltaicos en Aragón» y al impacto «permanente» que conllevaban, se debía «reflexionar sobre la creciente pérdida de recursos naturales (aguas, suelo, vegetación, fauna), naturalidad y del valor paisajístico del territorio». Por ello, «desde esta Dirección General» se deseaba «trasladar la preocupación sobre el futuro de estas comarcas y sobre cómo va a afectar el desarrollo de proyectos energéticos tanto en el ámbito socioeconómico como en el paisajístico de los municipios afectados». A la luz de los hechos, los gestores públicos y los ciudadanos del entorno de Andorra deberían estar más que preocupados, pues de los 1.100 Mw que producía la central térmica, se va a pasar a más de 5.000 Mw, con lo que supone de infraestructuras industriales: placas, aerogeneradores, líneas de alta tensión y subestaciones. Son 11 centrales fotovoltaicas que suman 550 Mw, más el proyecto del Nudo Mudejar, que comprende 7 centrales eólicas y 7 fotovoltaicas con una potencia de 1.800 Mw, junto con el proyecto Catalina (con otras sietecentrales eólicas y 7 fotovoltaicas), y todo esto en Andorra y los pueblos de alrededor, que en algunos casos ya tienen otros proyectos aparte.

Se puede decir, cargados de razones, que esto no es una transición justa, sino una invasión ydepredación del territorio amparándose en la necesidad de sustituir la central térmica, algocon lo que todo el mundo ha estado de acuerdo, pero no de esta forma y sin ningunaordenación ni control.

Javier Oquendo

Portavoz Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y miembro del Colectivo Sollavientos.